Nicolás Maduro emitió sus primeras declaraciones ante un tribunal de Nueva York tras el arresto por comandos especializados del ejército de Estados Unidos en una operación militar ejecutada en territorio venezolano. El mandatario depuesto se declaró «prisionero de guerra» y rechazó categóricamente los cargos presentados en su contra, reafirmando su condición de jefe de Estado legítimo de la República Bolivariana.
«Soy el presidente de Venezuela y me considero prisionero de guerra. Me capturaron en mi casa de Caracas», declaró el líder venezolano ante el juez, describiendo las circunstancias de su detención como una acción militar que violenta su inmunidad presidencial y la soberanía de su país. La declaración establece el marco bajo el cual Maduro interpreta jurídicamente su situación: no como un acusado criminal, sino como un mandatario secuestrado en medio de un conflicto internacional.
La primera dama de Venezuela, Cilia Flores, también se declaró inocente de los cargos en su contra y pidió una visita consular para ella y para Maduro.
Durante su comparecencia judicial, Maduro fue contundente al rechazar las acusaciones formuladas por la justicia estadounidense. «No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país«, afirmó ante el magistrado, en una estrategia legal para distinguir su rol como jefe de Estado y los cargos que se le imputan.
El equipo legal del mandatario venezolano planteó temas pendientes relacionados con la inmunidad presidencial y la legalidad de la detención. Un aspecto jurídicamente importante durante la audiencia fue la declaración de Maduro de no conocer previamente los cargos que le imputan. Este dato resulta fundamental para su estrategia legal ya que en términos procesales, el derecho internacional y las garantías del debido proceso, todo acusado debe ser notificado formalmente de los cargos en su contra antes de ser sometido a detención o comparecencia judicial.
En tanto, Cilia Flores, quien fue capturada junto a Maduro durante el asalto y bombardeo militar perpetrado por las fuerzas armadas estadounidenses, sufre «lesiones importantes» que no han recibido atención médica adecuada desde su secuestro el pasado sábado en la madrugada según se alegó.
La información fue divulgada por el abogado de Flores, Mark Donnelly, quien señaló que las lesiones sufridas por la esposa de Maduro «se pueden ver» y describió las heridas como «importantes». La primera dama lleva casi tres días sin asistencia médica, situación que constituye una violación flagrante de más de cuatro convenciones internacionales sobre el trato a personas detenidas y prisioneros.
Donnelly detalló que Flores podría tener alguna fractura en su cuerpo así como posiblemente un hematoma severo en las costillas, por lo que resulta imperativo que sea sometida a una evaluación física completa. El juez Hellerstein indicó a la defensa coordinar con la fiscalía para garantizar la atención médica necesaria, aunque no se especificó el origen de esas heridas ni se estableció un plazo concreto para la evaluación.
Las Convenciones de Ginebra y tratados internacionales establecen obligaciones sobre el trato humanitario a personas capturadas, incluyendo el acceso inmediato a atención médica cuando sea necesario.
El juez ratificó el derecho de ambos detenidos a comunicarse con sus funcionarios consulares, una prerrogativa fundamental establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Maduro expresó que le gustaría recibir esa visita consular, ejerciendo un derecho básico reconocido internacionalmente para cualquier persona detenida en territorio extranjero.
La próxima audiencia fue fijada para el 17 de marzo a las 11:00 horas, estableciendo un plazo de más de dos meses durante los cuales tanto Maduro, como Flores, permanecerán bajo la custodia estadounidense.
El arresto de Nicolás Maduro ocurrió el pasado 3 de enero de 2026 cuando comandos especializados del ejército estadounidense ejecutaron una incursión militar en su residencia de Caracas tras meses de largas tensiones entre ambas naciones debido a operativos y bombardeos a embarcaciones en la región del Caribe que el gobierno de Donald Trump asegura realizar para combatir el narcotráfico.
Desde Caracas, las autoridades venezolanas denunciaron inmediatamente la operación como un intento de «descabezar» al gobierno bolivariano, generar una crisis institucional y allanar el camino para imponer un ejecutivo controlado desde Washington. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela respondió ordenando que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera todas las funciones presidenciales en condición de encargada, garantizando así la continuidad institucional de actual gobierno chavista..
Rodríguez presidió este domingo el Consejo de Ministros número 757, una demostración que proyecta la continuidad y gobernabilidad del actual estado venezolano.
