Por Lentesónica – El gobierno del presidente Donald Trump anunció este miércoles una medida sin precedentes en la actual política migratoria estadounidense: la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, una acción que entrará en vigor a partir del 21 de enero de 2026 y que busca endurecer aún más el acceso legal a Estados Unidos.
La medida, anunciada oficialmente por el Departamento de Estado, se fundamenta en la llamada regla de la “carga pública”, un criterio que permite negar la entrada a personas que, según la administración, tienen alta probabilidad de necesitar asistencia social o beneficios públicos una vez en territorio estadounidense. El gobierno sostiene que la suspensión busca “evitar abusos del sistema de inmigración por parte de quienes explotarían los recursos del pueblo estadounidense”, según una declaración del departamento.
La pausa en el procesamiento de visas de inmigrante se aplicará a solicitudes de residencia permanente —como visas de familiar, empleo o programas humanitarios— para personas originarias de 75 países repartidos en África, Asia, Europa, América Latina y el Caribe. Entre los países afectados figuran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, Rusia, Irán, Somalia, Afganistán, Nigeria y Egipto, entre otros.
Es importante destacar que la suspensión afecta sólo a visas de inmigrantes. Las visas no inmigrantes —como visas de turismo, negocios, estudiantes o permisos temporales— no están incluidas en esta pausa, por lo que viajeros con fines distintos a la inmigración legal podrán continuar solicitando sus permisos bajo las normas vigentes.
El Departamento de Estado ha instruido a sus funcionarios consulares a detener el procesamiento de las aplicaciones provenientes de los países señalados mientras se revalúan los procedimientos de evaluación y selección de solicitantes, con especial énfasis en criterios de autosuficiencia económica y riesgo de dependencia de programas federales.
La suspensión de visas es parte de un enfoque migratorio más amplio implementado por la administración Trump desde su retorno al poder en 2025, que ha incluido la revocación de más de 100,000 visas previamente emitidas, restricciones adicionales y la eliminación de protecciones temporales para ciertos grupos de inmigrantes.
Expertos en inmigración señalan que la norma refleja un endurecimiento continuado de las políticas de entrada legal al país, orientado a priorizar a quienes no se consideren una “carga pública” para la economía estadounidense. No obstante, críticos jurídicos y defensores de derechos humanos han advertido que la definición y aplicación de ese estándar puede ser arbitraria y afectar negativamente a familias, trabajadores y solicitantes de asilo que buscan reunificación o protección en Estados Unidos.
La medida ha generado preocupación en gobiernos y comunidades internacionales, particularmente en países de América Latina y África cuyos ciudadanos ahora enfrentan una barrera adicional para migrar legalmente. Analistas han señalado que el impacto de esta pausa va más allá de los procedimientos consulares: podría retrasar o incluso bloquear reunificaciones familiares, oportunidades laborales y procesos de asilo aprobados, dejando a miles de personas en espera indefinida.
Además, la política eleva tensiones diplomáticas con algunos de los países incluidos en la lista, que podrían percibir la medida como punitiva o discriminatoria, afectando relaciones bilaterales en áreas que trascienden la migración, como el comercio y la cooperación internacional.
Por ahora, no hay una fecha definida para el levantamiento de la pausa. Entretanto, solicitantes afectados deberán esperar notificaciones oficiales de las embajadas y consulados sobre la situación de sus casos.
Mientras tanto, organizaciones de derechos civiles y defensores de inmigración han anunciado que examinarán posibles recursos legales y emitirán recomendaciones para quienes se vean perjudicados por la nueva regulación.
